[El Mercurio. Carta al Director] Patrimonio cultural y rezago institucional. Por Jorge Martínez Cornejo.

Señor Director:

Cuando el juez de garantía de Graneros declaró la falta de legitimación del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural para actuar en juicio en defensa de los bienes culturales que por ley debe difundir y proteger, confirmamos una vez lo que se viene pregonando: nuestra vetusta ley 17.228 sobre monumentos nacionales, publicada en febrero de 1970, no obstante los últimos empeños legislativos contenidos en la ley 21045, no se encuentra acorde a los tratados internacionales ratificados por Chile sobre patrimonio cultural, y está muy distante de la legislación penal comparada de países como Perú, Argentina y España.

Luego que se difundió la primera incautación en Cachapoal realizada por la Brigada del Medio Ambiente y Patrimonio, el senador Chahuán reflotó un viejo proyecto dormido en el Senado desde 2012 para modificar el ya parchado artículo 38 bis de la ley 17.228, lo que es un esfuerzo noble del parlamentario, que resulta insuficiente ante la precariedad de nuestra institucionalidad patrimonial.

Nuestro país tiene una legislación que no se corresponde con los tiempos, ni con la evolución internacional del patrimonio cultural y su protección penal. Aun debemos recurrir a los preceptos generales de nuestro Código Penal para combatir el tráfico de arte y a aquellos que aun consideran que el patrimonio de todos los chilenos esté mejor cuidado en sus manos, enarbolando su derecho a coleccionar lo que pertenece a la nación toda.

El tráfico de arte es una realidad. Chile debe implementar las herramientas penales adecuadas para combatirlo dentro del territorio nacional e impedir su extensión internacional, acogiendo primeramente las recomendaciones de Unesco y Naciones Unidas sobre procedencia y proveniencia, inventarios nacionales, registros, certificación bajo un único modelo de exportación, coordinación internacional vía Interpol, elementos de ubicación electrónica; aprendiendo además de la legislación y experiencia penal comparada. Lo anterior es urgente. Debemos abordarlo seriamente mediante una cambio constitucional y legislativo para que nuestro patrimonio cultural no sea para los chilenos un recuerdo inerte, sino la expresión viva de nuestra cultura material e inmaterial.