En este ámbito hemos intervenido como litigantes en procesos ante la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por la aplicación del DL 3.538 del año 1980, y las sanciones administrativas que esta entidad pretende cursar a título de censura, multa o amonestación en contra de los directores de las Sociedades Anónimas Abiertas y otras sujetas a su fiscalización.

En este sentido, tenemos pleno conocimiento del denominado “Procedimiento Administrativo Sancionador,” a través del cual la administración pretende imponer una sanción, normalmente una multa cuantiosa a los administrados que pueden llegar incluso hasta las UF 15.000.

Estos procedimientos se rigen principalmente por las normas generales de la autoridad sancionatoria y supletoriamente por la ley 19.880 (Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado o “LBPA”), que establece un procedimiento general subsidiario con el reconocimiento de todas las garantías del debido proceso.