Los abogados Jorge Martínez y Camila Motta, en representación del general Ricardo Yáñez, ingresaron el requerimiento ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

El sumario concluyó que Enrique Monrás, Hugo Zenteno, Jean Camus y Jorge Valenzuela no tienen responsabilidad administrativa en los hechos en que civiles terminaron heridos durante las protestas tras el estallido social.

El abogado de Witt, Jorge Martínez, señaló que de esta forma se “separa absolutamente lo que es una situación de orden público respecto a una situación de lesa humanidad”.

Su abogado, Jorge Martínez, adelanta que la diligencia se materializaría los primeros días de marzo, por las labores y 'extensa' agenda de su representado. "Esto demuestra el completo compromiso que tiene el general Yáñez con la ciudadanía entera", dijo.

La Demanda es patrocinada por el abogado Jorge Martínez, y establece que Contraloría carece de la potestad disciplinaria para fiscalizar la conveniencia y mérito de los actos realizados por ellos en resguardo de la seguridad interior y el orden público.

En relación con la carta (6 de diciembre) del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, don Sergio Micco Aguayo, quisiera expresar mi opinión respecto de que el aludido director ha exacerbado la división entre los chilenos, y simboliza los efectos nefastos para el país de las violentas protestas sociales.

El abogado Jorge Martínez ingresó un escrito en representación del coronel Santiago Saldivia, quien era jefe del comandante Claudio Crespo, formalizado por disparar a Gustavo Gatica en las inmediaciones de Plaza Baquedano.

Jorge Martínez reiteró que INDH "no puede ser parte activa en ciertas causas, sobre todo en la persecución de miembros de carabineros y las Fuerzas Armadas, y este fallo –evidentemente- viene a confirmar ese criterio".

Como defensor penal de Carabineros, quiero resaltar esta columna escrita con altura de miras, tanto respecto de las víctimas cuyo dolor nos afecta, como también de quienes cumpliendo su deber en resguardo del orden público, en ejercicio legítimo de su cargo, percutaron las armas no letales que el Estado les entrega.

Jorge Martínez apuntó a que “la estrategia que ha seguido el Instituto Nacional de Derechos Humanos de exacerbar las penas y las conductas”.